Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó la inauguración de una nueva prisión federal en el estado de Florida. Se trata de “Alligator Alcatraz”, un polémico centro de detención para migrantes construido en solo ocho días sobre una pista aérea abandonada, en plena zona remota del Parque Nacional de los Everglades.
Con capacidad para 3.000 personas, el recinto está rodeado de ríos y pantanos que, según estimaciones oficiales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, albergan al menos 200.000 caimanes, lo que ha provocado duras críticas por las condiciones de aislamiento extremo y la posible exposición a riesgos ambientales.
El presidente Trump calificó la obra como “un hito de eficiencia en seguridad migratoria” y defendió su emplazamiento como parte de una estrategia “natural de contención”.
Pero eso no es todo: el gobierno de Florida también busca autorización del Departamento de Justicia para que miembros de la Guardia Nacional puedan actuar como jueces de deportación, una medida sin precedentes en la historia migratoria de Estados Unidos.
De ser aprobada, permitiría acelerar masivamente los procesos de expulsión mediante procedimientos abreviados dentro del mismo centro.
Desde el gobierno estatal, justifican la medida como una “respuesta urgente” ante lo que consideran una crisis migratoria sin precedentes. En contraste, organizaciones de derechos humanos y juristas han encendido las alarmas:
“Esto puede representar una grave violación al debido proceso legal y a las garantías constitucionales básicas”, advirtió un portavoz del American Immigration Council.
La ubicación del recinto —rodeado por una población tan grande de caimanes— ha sido vista por críticos como una forma extrema de aislamiento, disuasión y vulneración de derechos básicos.