Por Belén Huerta Venegas
Cofundadora y Directora Ejecutiva de Kosmo Inclusión
Durante casi dos décadas he acompañado a estudiantes con discapacidad, sus familias, docentes y comunidades educativas. He conocido las barreras que aún persisten, pero también los avances que Chile ha logrado para que más niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a aprender en equidad de oportunidades.
Preocupa que el debate sobre la reforma al Sistema de Admisión Escolar se haya centrado en la selección, el mérito y la libertad de elección, dejando en segundo plano una pregunta esencial: ¿Qué impacto tendrá esta reforma en los estudiantes con discapacidad?
No se trata de defender el sistema actual ni de negar que toda política pública pueda perfeccionarse. Se trata de evitar que una reforma implique retrocesos en inclusión.
La matrícula de estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos regulares aumentó de un 8,85% en 2016 a un 13,38% en 2025. Más que una cifra, este avance refleja el ejercicio progresivo del derecho a una educación inclusiva, sin discriminación ni exclusión.
En este contexto, preocupa la propuesta de un 10% de los cupos para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes en establecimientos que opten por mecanismos de selección. Cuando la matrícula supera ese porcentaje, cabe preguntarse si una medida concebida para proteger podría terminar limitando el acceso.
El desafío de Chile no es elegir entre calidad e inclusión. Esa es una falsa dicotomía. Un sistema educativo de calidad es, necesariamente, un sistema inclusivo, capaz de garantizar que ningún estudiante vea restringido su derecho a la educación por motivo de discapacidad.
Las leyes educativas trascienden a los gobiernos. Antes de discutir quién selecciona, preguntémonos algo más importante: ¿esta reforma ampliará las oportunidades o podría dejar nuevamente a algunos estudiantes fuera?
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