Por Belén Huerta Venegas
Cofundadora y Directora Ejecutiva de Fundación Kosmo Inclusión.
Cada vez que el empleo se desacelera, aumenta la competencia por los puestos de trabajo. En esos escenarios, quienes ya enfrentan barreras para acceder al mercado laboral suelen ser los primeros en quedar fuera. Las personas con discapacidad no son la excepción.
En Chile, el 17,6% de la población adulta corresponde a personas con discapacidad. Sin embargo, solo el 51% participa del mercado laboral, mientras que en la población sin discapacidad la participación alcanza el 71,1%. La principal brecha no está solo en la cesantía, sino en que miles de personas nunca logran acceder a una oportunidad laboral.
Cuando la economía enfrenta incertidumbre, existe el riesgo de que las empresas privilegien decisiones de corto plazo y posterguen sus esfuerzos en inclusión. Esa sería una señal equivocada. La diversidad no es un costo adicional; es una ventaja para construir organizaciones más innovadoras, sostenibles y preparadas para enfrentar contextos complejos.
Chile aún tiene una tarea pendiente. Aunque la Ley de Inclusión Laboral establece una cuota del 1% para empresas de 100 o más trabajadores, solo alrededor de la mitad de las organizaciones obligadas cumple con ese estándar. Mientras esa realidad no cambie, avanzar hacia la meta del 2% seguirá siendo un desafío.
Las crisis económicas ponen a prueba nuestras prioridades. Si en los momentos difíciles la inclusión es lo primero que se abandona, nunca dejaremos de tratarla como algo accesorio. Por el contrario, es precisamente en estos escenarios cuando el compromiso del Estado, las empresas y la sociedad debe fortalecerse.
La inclusión laboral no es solo una obligación legal ni un acto de responsabilidad social. Es una condición para el desarrollo del país. Un mercado laboral que deja fuera el talento de millones de personas difícilmente podrá alcanzar todo su potencial.
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