La Comisión de Economía del Senado aprobó en particular el proyecto que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII) a acceder a la información bancaria de altas autoridades del Estado en caso de detectar operaciones sospechosas.
De convertirse en ley, esta medida aplicaría al Presidente de la República, ministros, parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales, ministros de la Corte Suprema y autoridades del Ejército, entre otros.
El mecanismo establece que, al asumir sus cargos, las autoridades deberán autorizar a las entidades bancarias donde mantengan cuentas a entregar los antecedentes requeridos por la UAF o el SII sin necesidad de trámite judicial previo.
Actualmente, la iniciativa no cuenta con urgencia legislativa por parte del Ejecutivo y deberá ser revisada en la Comisión de Seguridad, presidida por la oposición. En ese punto se pondrá a prueba si el Gobierno decide o no acelerar su tramitación.
El presidente de la Comisión de Economía, senador Daniel Núñez (PC), valoró la aprobación del proyecto, destacando que “es importante que las instituciones persecutorias puedan acceder a información bancaria cuando existan fundamentos, especialmente en casos donde se sospeche de lavado de dinero o corrupción”.
Desde la oposición, sin embargo, surgieron reparos. Parlamentarios calificaron la medida como “inadmisible y riesgosa”, argumentando la necesidad de fortalecer las sanciones en caso de filtraciones de información sensible.
El senador Rojo Edwards (ind.) propuso eliminar la facultad del SII y dejarla solo en manos de la UAF, advirtiendo que la existencia de dos organismos con acceso podría dificultar la trazabilidad y generar desconfianza. Su propuesta fue rechazada.
Por otro lado, el senador Gastón Saavedra (PS) defendió la iniciativa, señalando que “se busca impedir que el crimen organizado o el narcotráfico influyan en las autoridades públicas”.
Durante la votación, se acordó ampliar el listado de autoridades sujetas a esta norma, incluyendo al director nacional de Gendarmería, jueces de garantía y miembros del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En tanto, se resolvió excluir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), luego de que la propia entidad manifestara no estar interesada en acceder a estas atribuciones.