Contraloría concluye que exministra de Seguridad Trinidad Steinert actuó fuera de sus atribuciones al solicitar información a la PDI

El órgano contralor determinó que la entonces ministra de Seguridad solicitó información que no era necesaria para sus funciones. Además, excedió sus atribuciones y generó un eventual conflicto de interés.

La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad del presidente José Antonio Kast, Trinidad Steinert, incurrió en una actuación ilegal durante su gestión. Esto, al solicitar antecedentes detallados a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre funcionarios que participaban en una investigación penal en curso.

De acuerdo con información publicada por Radio Biobío, el dictamen establece que la solicitud realizada por la entonces secretaria de Estado no era necesaria para el cumplimiento de las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, excedía el ámbito de las atribuciones que la legislación le otorgaba.

Contraloría advierte riesgo para investigación penal

El documento también señala que el requerimiento podía afectar el desarrollo de una investigación penal vigente. Esta situación la normativa vigente la prohíbe expresamente para resguardar la autonomía y el correcto desarrollo de las diligencias investigativas.

Según el organismo fiscalizador, la información solicitada no guardaba relación con las funciones propias del ministerio. Por este motivo, determinó que la actuación no se ajustó al marco legal correspondiente.

Dictamen también plantea un posible conflicto de interés

Otro de los aspectos abordados por la Contraloría apunta a que la solicitud recaía sobre una brigada de la PDI. Esta brigada había trabajado anteriormente junto a Trinidad Steinert, cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.

Por ese motivo, el órgano contralor estimó que la entonces ministra debía aplicar el deber de abstención para evitar un eventual conflicto de interés. Esto, incluso si este solo tenía un carácter potencial.

El dictamen concluye que, dadas esas circunstancias, la actuación de la exsecretaria de Estado no cumplió con las exigencias legales. Estas exigencias regulan el ejercicio de la función pública.