La causa indaga eventuales delitos de cohecho, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos vinculados a contratos del Programa de Alimentación Escolar.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente encabezó este jueves una serie de allanamientos en dependencias de Junaeb, oficinas del Congreso y otros inmuebles, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La Brigada Anticorrupción de la PDI participó en las diligencias, que incluyeron la incautación de teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos. Los investigadores también buscan acceder y analizar correos relacionados con la causa.
La investigación está a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina. El Ministerio Público indaga eventuales delitos de cohecho, soborno, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos.
Foco en contratos de alimentación escolar
La causa surgió a partir de antecedentes sobre posibles irregularidades en contratos asociados a la entrega de alimentación escolar, principalmente en la Región de O’Higgins.
Uno de los principales focos corresponde a la empresa Soser S.A., vinculada a contratos millonarios con Junaeb. Los antecedentes reunidos por la Fiscalía apuntan a una eventual estructura destinada a favorecer procesos de licitación y obtener información reservada.
La investigación también considera posibles intervenciones en decisiones administrativas y eventuales presiones sobre funcionarios relacionados con labores de fiscalización.
Antecedentes de Contraloría
La Contraloría detectó previamente irregularidades en los mecanismos de pago de Junaeb a dicha empresa. En uno de los casos revisados, el organismo pagó $3.554 millones correspondientes a la parte fija de un contrato asociado a 796.043 raciones, pese a que la fiscalización estableció que solo se entregaron 284 raciones.
El informe también consignó mayores pagos por más de $34.340 millones en el Programa de Alimentación Escolar, además de otras observaciones relacionadas con el cálculo y ajuste de las raciones pagadas a proveedores.
Estos antecedentes forman parte del contexto que llevó a profundizar la investigación penal.
Diligencias en el Congreso
Los procedimientos también alcanzaron oficinas vinculadas a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto. La Fiscalía confirmó que la investigación considera a legisladores por eventuales delitos de cohecho.
La diligencia no establece responsabilidad penal respecto de las personas alcanzadas por la investigación. La propia información sobre el procedimiento da cuenta de que la causa continúa en etapa investigativa.
El Senado señaló que colaborará con el Ministerio Público y recalcó que los allanamientos, por sí solos, no constituyen una declaración de responsabilidad.
La fiscal Encina indicó que, una vez analizados los antecedentes incautados, el Ministerio Público evaluará los próximos pasos procesales, entre ellos eventuales formalizaciones y solicitudes relacionadas con el fuero parlamentario.
Desde Junaeb, su director nacional, Fernando Peña, afirmó que existen antecedentes que justifican investigar eventuales hechos de corrupción y apuntó directamente al exjefe jurídico Alejandro Layseca y a la exdirectora Camila Rubio.
La investigación permanece abierta y será el Ministerio Público el encargado de determinar si los antecedentes permiten acreditar la existencia de delitos y eventuales responsabilidades individuales.
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