Indicación del Diputado Raúl Leiva incorporó una excepción para quienes ejerzan legítimamente los derechos de reunión, huelga o manifestación pacífica.
La Cámara de Diputados aprobó la denominada Ley Antibarricadas 2.0 y despachó el proyecto al Senado para continuar su tramitación.
La iniciativa modifica la Ley 21.208 y amplía las conductas que podrían generar sanciones cuando se obstaculice la circulación de personas y vehículos.
El texto aprobado considera las interrupciones totales y parciales del tránsito, además de situaciones que afecten el funcionamiento regular de servicios de transporte público o privado.
Sin embargo, dicha modificación se vería dificultada en ciertos casos, y es que durante la votación, la Sala también respaldó una indicación presentada por el diputado Raúl Leiva (PS).
La norma presentada por Leiva, establece una excepción cuando las personas ejerzan legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.
La indicación obtuvo 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención. El proyecto, en tanto, fue aprobado por 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones.
Debate por el alcance de la norma
La discusión se concentró en cómo aplicar las nuevas sanciones frente a manifestaciones que ocupen parcialmente una vía pública.
Leiva defendió la indicación y sostuvo que la legislación debe diferenciar entre acciones violentas y manifestaciones pacíficas. Desde la oposición, otros parlamentarios cuestionaron que una protesta pueda justificar la interrupción parcial del tránsito.
El diputado Eduardo Cretton (UDI) manifestó reparos al cambio aprobado. Según explicó, la indicación podría afectar uno de los objetivos centrales del proyecto: sancionar las obstrucciones parciales de las calles.
Desde RN, Diego Schalper también respaldó el avance de la iniciativa, pero planteó que el derecho a manifestarse debe compatibilizarse con el desplazamiento de otras personas.
Próxima etapa en el Senado
La Cámara remitirá ahora el proyecto al Senado, donde los parlamentarios deberán revisar el texto aprobado y la excepción incorporada durante su debate.
La iniciativa busca modificar una legislación vigente desde 2020, que establece sanciones para determinadas formas de interrupción total de la libre circulación mediante violencia, intimidación u obstáculos.