La mayoría de las víctimas corresponde a adolescentes mujeres entre 14 y 17 años. Mientras tanto, organizaciones advierten sobre el avance de redes de captación a través de espacios digitales.
En el contexto del Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, nuevas cifras encendieron las alertas respecto al aumento de denuncias vinculadas a este delito en Chile. Según datos de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2024 las denuncias crecieron un 73%. Este aumento afecta principalmente a adolescentes mujeres de entre 14 y 17 años.
De acuerdo con los antecedentes actualizados, solo durante 2024 se reportaron 858 víctimas en delitos asociados a obtención o facilitación de explotación sexual. Por otra parte, en redes residenciales se identificaron 411 posibles víctimas.
En paralelo, durante la discusión legislativa en el Senado se mencionaron estimaciones que apuntan a cerca de 6.000 niños, niñas y adolescentes involucrados en comercio sexual en el país. Sin embargo, organismos especializados advierten que las cifras reales podrían ser mayores. Esto se debe a la alta cantidad de casos que no son denunciados.
Desde la organización World Vision señalaron que la explotación sexual infantil ya no ocurre únicamente en escenarios asociados al crimen organizado visible o contextos de extrema pobreza.
“Hoy también se está facilitando desde espacios cotidianos y digitales donde adultos captan, manipulan y vulneran a niños y adolescentes sin que muchas veces el entorno lo detecte a tiempo”, afirmó el gerente de la organización, Juan Pablo Venegas.
A nivel internacional, entidades especializadas también han advertido un aumento de casos relacionados con explotación sexual infantil facilitada por tecnologías digitales. La alianza WeProtect informó un incremento del 87% en los reportes de material de abuso sexual infantil desde 2019. Además, el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) analizó cerca de 32 millones de reportes durante 2022.
Actualmente, Chile cuenta con el Cuarto Marco para la Acción contra la ESCNNA (2021-2026). Además, existen avances legislativos como la Ley 21.522, normativa que fortaleció figuras penales relacionadas con explotación sexual y material abusivo infantil.
Pese a ello, organizaciones ligadas a la infancia sostienen que las medidas aún son insuficientes frente al rápido avance de nuevas formas de captación y explotación. Especialmente esto ocurre en plataformas digitales.
“Seguimos llegando tarde. Mientras las redes de explotación se adaptan rápidamente a nuevas tecnologías y formas de contacto, el Estado todavía responde de manera fragmentada y reactiva. La prevención y la detección temprana deberían tener el mismo nivel de prioridad que la persecución penal”, agregó Venegas.
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