La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con amplia mayoría el proyecto que establece sanciones económicas para quienes no concurran a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En total, 127 parlamentarios respaldaron la iniciativa, mientras que 7 votaron en contra y 11 se abstuvieron, dejando el texto listo para su promulgación tras superar las modificaciones del Senado.
La normativa fija multas que irán desde los $34.000 hasta los $103.000, calculadas según la UTM de septiembre de 2025, y comenzarán a aplicarse en las elecciones de este año. Sin embargo, el proyecto contempla una serie de excepciones: no se sancionará a quienes estén enfermos, se encuentren fuera del país o residan a más de 200 kilómetros de su local de votación. Tampoco se aplicará a quienes desempeñen funciones vinculadas a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, a personas con discapacidad certificada conforme a la Ley 20.422, o a quienes acrediten ante el juez de policía local un impedimento grave. Asimismo, la sanción no se extenderá a los extranjeros con derecho a sufragio, ya que la norma habla expresamente de “ciudadanos”.
En paralelo, la Cámara ratificó una reforma constitucional que endurece los requisitos para que los extranjeros puedan participar en procesos electorales. Con 142 votos a favor y 4 abstenciones, se aprobó la modificación que eleva de 5 a 10 años el período mínimo de residencia ininterrumpida en el país para poder sufragar. Además, se establece que no deben existir ausencias superiores a 90 días dentro de un año calendario. Estos nuevos criterios regirán a partir de 2026, mientras que hasta esa fecha seguirá vigente la normativa actual.