Estados Unidos autorizó que el gobierno venezolano financie la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York, según consta en un documento judicial.
La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que emitió licencias modificadas para permitir que los abogados defensores reciban pagos del Estado venezolano bajo condiciones específicas, entre las cuales se establece que los recursos deben provenir de fondos disponibles posteriores al 5 de marzo de 2026 y que no pueden tener origen en cuentas de gobiernos extranjeros.
Esta decisión representa un cambio en la postura previa del Departamento de Justicia y de la administración del presidente Donald Trump, que hasta ahora había restringido el uso de estos fondos por motivos de seguridad nacional y política exterior.
La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza el derecho de todo acusado a elegir su representación legal, e incluso solicitó la desestimación del caso.
Durante una audiencia realizada el 26 de marzo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein manifestó dudas frente a la postura de la Fiscalía, señalando que, tras su captura y traslado a territorio estadounidense, la pareja ya no constituiría una amenaza para la seguridad nacional.
Maduro y Flores, fueron detenidos el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado no culpables de cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína. En tanto, se espera que el juicio formal contra la pareja comience dentro de uno o dos años.