La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de otorgar la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel por el intento de femicidio de Nabila Rifo, provocó un rechazo transversal en el mundo político.
Desde el Gobierno confirmaron que apelarán a la resolución y anunciaron medidas de protección reforzadas para la víctima. En tanto, parlamentarias de distintos sectores coincidieron en que el fallo genera una “pérdida de confianza” hacia el sistema judicial.
La diputada Claudia Mix (Frente Amplio) cuestionó duramente la medida: “Por la crueldad y el impacto de este crimen, no correspondía otorgar beneficios al agresor. Apoyo la decisión de la ministra de la Mujer de presentar apelación”.
En la misma línea, su par Francisca Bello advirtió que la decisión del tribunal “es una señal preocupante”. “No se trata de cualquier caso: fue un intento de asesinato que conmocionó al país. Este tipo de resoluciones significan un retroceso en la confianza de las mujeres hacia la justicia”, señaló.
Desde Chile Vamos, la senadora Paulina Núñez (RN) sostuvo que este tipo de fallos “hacen que la ciudadanía pierda confianza en el Poder Judicial”. A su juicio, si el ataque ocurrido en 2016 se juzgara con la actual legislación sobre femicidio frustrado, la calificación del delito sería distinta. “Hay que replantearse si Mauricio Ortega realmente puede estar en libertad”, expresó.
Por su parte, la diputada Natalia Romero (UDI) calificó la liberación como “una pésima señal” y acusó una contradicción entre el trabajo legislativo para endurecer penas y las decisiones de los tribunales. “Estamos tratando de proteger a mujeres y niños, pero la justicia otorga beneficios que van en sentido contrario”, criticó.
En tanto, la diputada Carla Morales (RN) manifestó su indignación por la liberación del condenado: “La justicia no puede permitir que individuos como él caminen libremente por las calles. La impunidad en casos de violencia de género solo perpetúa el ciclo de agresiones y desprotección hacia las víctimas”.