Auditoría detectó debilidades en control de metas y fiscalización de recursos del Plan de Emergencia Habitacional
El Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric volvió al centro del debate político. Esto sucedió luego de que la contralora Dorothy Pérez presentara en la Comisión de Vivienda del Senado los resultados de una auditoría. Ese informe evidenció diversas falencias en la ejecución del programa.
Según lo expuesto durante la sesión, el informe de Contraloría detectó debilidades estructurales relacionadas con el seguimiento de metas. Además, se detectaron problemas en la fiscalización de recursos públicos destinados al plan habitacional. Además, se advirtió que distintos procesos administrativos terminaron enfrentando trabas burocráticas. Esto retrasó avances esperados en materia de soluciones habitacionales para miles de familias.
La presentación reactivó las críticas hacia el exministro de Vivienda Carlos Montes. La semana pasada, él había comparecido ante la comisión asegurando que no existieron sobreprecios en la compra de terrenos. También dijo que no hubo actuaciones de mala fe durante su gestión.
Oficialismo descarta acusación constitucional
Tras la exposición de la contralora, parlamentarios oficialistas descartaron respaldar una eventual acusación constitucional contra el exsecretario de Estado.
El senador socialista Fidel Espinoza sostuvo que la sesión permitió despejar dudas respecto de eventuales infracciones constitucionales.
“Con esta sesión, con la participación de la señora Dorothy Pérez, Contralora General de la República, quedan absolutamente descartadas las violaciones a la Constitución que han pregonado algunos sectores de la derecha”, afirmó.
Por su parte, la senadora Loreto Carvajal indicó que los antecedentes presentados no serían suficientes para justificar una acción constitucional contra Montes.
La parlamentaria agregó que, a su juicio, no existirían fundamentos respecto de eventuales sobreprecios. También llamó a priorizar otras materias legislativas vinculadas a seguridad y proyectos en tramitación.
Republicanos apuntan a eventuales infracciones
Desde la oposición, en tanto, la diputada republicana Paz Charpentier aseguró que el informe de Contraloría sí evidenciaría irregularidades que podrían constituir vulneraciones constitucionales.
La parlamentaria afirmó que el documento daría cuenta de compras con sobreprecios y apuntó directamente a la responsabilidad del exministro Montes.
De esta manera, el debate político continúa abierto respecto a si los antecedentes expuestos derivarán en nuevas acciones contra el exjefe de Vivienda. Por otro lado, también se debate si las observaciones detectadas quedarán limitadas a sumarios administrativos y recomendaciones para mejorar la gestión del plan habitacional.
Mientras tanto, la meta gubernamental de construir 260 mil viviendas sigue enfrentando cuestionamientos en medio de las críticas por la implementación y supervisión del programa.


