Parlamentarios de distintas bancadas afirmaron que analizarán acciones en el Congreso tras el dictamen que concluyó que la exministra de Seguridad excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI.
Parlamentarios de oposición anunciaron que evaluarán distintas acciones políticas y legislativas. Esto es luego de que la Contraloría General de la República concluyera que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones e infringió el deber de abstención. La exministra solicitó información a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre detectives que participaban en la investigación del denominado «Clan Chen».
Entre las alternativas que se encuentran en análisis figuran la creación de una Comisión Especial Investigadora. Incluso se considera una eventual acusación constitucional, según manifestaron diputados y senadores de diversas bancadas.
Uno de los parlamentarios que solicitó el pronunciamiento de la Contraloría fue el diputado Raúl Leiva (PS). El diputado sostuvo que el organismo fiscalizador fue categórico al concluir que la exministra actuó fuera del marco legal. Además, la exministra vulneró el principio de abstención al intervenir en una causa que anteriormente dirigió como fiscal.
Leiva afirmó que, a juicio de la bancada socialista, el dictamen da cuenta de una infracción grave al Estado de derecho. También señaló que analizarán los alcances del pronunciamiento para determinar las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Por último, no descartan las herramientas constitucionales disponibles.
Diputados plantean comisión investigadora
El diputado Patricio Pinilla (DC), quien también recurrió a la Contraloría, señaló que el organismo determinó que Steinert solicitó antecedentes sobre funcionarios policiales que participaban en una investigación penal en curso. Dicha información, según indicó, excedía las facultades propias de su cargo.
Pinilla sostuvo que el Congreso debe evaluar nuevas medidas. Explicó que no basta con las explicaciones entregadas tras la salida de la exministra. En ese contexto, afirmó que resulta razonable analizar la creación de una comisión investigadora o incluso una acusación constitucional. Esto se debe a que el pronunciamiento proviene de la Contraloría y no de una decisión política.
En la misma línea, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) calificó los hechos como «sumamente graves». Además, señaló que conversará con otros integrantes de la Comisión de Seguridad para evaluar la procedencia de una Comisión Especial Investigadora que permita esclarecer lo ocurrido.
No obstante, Araya indicó que el uso de herramientas constitucionales debe realizarse con prudencia. Aunque enfatizó que tampoco puede existir impunidad frente a hechos que, a su juicio, afectan la institucionalidad.
Llamados al Gobierno a pronunciarse
El senador Iván Flores (DC) sostuvo que el dictamen ratifica las advertencias que, según afirmó, distintos parlamentarios realizaron desde el inicio de la gestión de Steinert al frente del Ministerio de Seguridad. Además, agregó que, en su opinión, la exautoridad carecía de atribuciones para solicitar determinados antecedentes relacionados con investigaciones policiales.
Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA), quien también presentó un requerimiento ante la Contraloría, indicó que junto a legisladores de distintas bancadas analizarán los pasos a seguir en el Congreso.
Además, emplazó al Gobierno del presidente José Antonio Kast a pronunciarse sobre el caso. Argumentó que cuando una autoridad desconoce los límites legales de sus funciones, también existe una responsabilidad en la conducción del Ejecutivo.
En tanto, el diputado Jorge Brito (FA) señaló que el dictamen de la Contraloría amerita revisar eventuales procesos sancionatorios contra la exministra. Además, manifestó que, a su juicio, Steinert no debería volver a desempeñarse en el Ministerio Público.
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