El tercer informe del Plan de Inspección Total al Estado identificó transferencias sin rendición acreditada. Además, alertó por el aumento de compras mediante trato directo y anunció nuevas investigaciones en cuatro ministerios.
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno dio a conocer los resultados del tercer reporte del Plan de Inspección Total al Estado. Esta auditoría es impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast para revisar el uso de los recursos públicos durante los primeros meses de su mandato. El informe identificó más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición. Además, anunció nuevas investigaciones y advirtió un incremento en el uso del trato directo en distintos organismos estatales.
Según informó el Ejecutivo, el plan busca fortalecer los mecanismos de control, probidad y transparencia en la administración de los recursos públicos. Para ello, contempla una estructura de trabajo dividida en tres niveles. Un comité estratégico se encarga de definir las prioridades. Además, una coordinación técnica es liderada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y la ejecución en terreno corresponde a las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio público.
La coordinación del proceso está a cargo del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, presidido por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, junto con representantes de las subsecretarías de Hacienda e Interior. De acuerdo con el Gobierno, la auditoría se desarrollará durante los primeros seis meses de la actual administración.
Nuevas investigaciones en cuatro ministerios
Durante su cuarta sesión, el comité resolvió instruir investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud. Esto sucedió tras detectar antecedentes que, según la instancia, requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.
En el Ministerio del Deporte, la investigación se centrará en el Instituto Nacional de Deportes y abarcará materias relacionadas con la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.
En el Ministerio de Energía, la revisión estará enfocada en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Considerará transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos estatales.
Respecto del Ministerio de Agricultura, el comité investigará las transferencias de recursos a organismos ejecutores. Revisará las rendiciones, la regularidad de las compras y contrataciones. También analizará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios.
En el Ministerio de Salud, la auditoría abarcará compras y contrataciones realizadas por subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
La presidenta del comité y subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, afirmó que el trabajo desarrollado permite avanzar tanto en la detección de alertas como en la adopción de medidas concretas para fortalecer el control de los recursos públicos.
Más de $1,4 billones sin rendición acreditada
El informe también señala que, durante la administración anterior, se identificaron más de $5,4 billones en transferencias a fundaciones que debían ser objeto de rendición. De ese monto, más de $1,4 billones no acreditan su rendición.
Los organismos con mayor proporción de recursos pendientes corresponden al Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.
Asimismo, el reporte indica que entre 2022 y 2026 se constituyeron 177 fundaciones que recibieron más de $11 mil millones en recursos sujetos a rendición. De ese total, más de $6.500 millones, equivalentes a cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada. Mientras tanto, en 79 de esas fundaciones no existe registro alguno de rendición.
Sobre estos antecedentes, la subsecretaria Castillo sostuvo que cuando el Estado transfiere recursos a una fundación mantiene la obligación de verificar que estos sean correctamente ejecutados, respaldados y rendidos. Agregó que el Estado debe revisar cada caso para determinar si existieron incumplimientos, debilidades administrativas u otras situaciones que requieran la intervención de instituciones competentes.
La autoridad precisó además que el informe no afirma que en todos los casos existan fraudes o delitos. Aunque sostuvo que sí identifica señales de riesgo que, a juicio del Ejecutivo, deben ser corregidas para resguardar el buen uso de los recursos públicos.
Alerta por aumento del trato directo
El comité también informó una nueva alerta relacionada con el incremento del uso del trato directo en distintos organismos del Estado.
Según el análisis, existen servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública. Entre ellos está el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Además, se detectó un aumento en la utilización de causales como «proveedor único», «confianza y seguridad» y «emergencia». Respecto de esta última, el Gobierno indicó que su uso supera en un 17% los niveles registrados durante la pandemia de Covid-19. Por lo tanto, los antecedentes serán objeto de revisión.
Avances de investigaciones anteriores
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal también revisó el estado de avance de investigaciones instruidas en sesiones anteriores.
En el caso de Junaeb, informó que los antecedentes relacionados con más de $14.000 millones correspondientes a raciones de alimentos que no habrían sido entregadas ya fueron denunciados al Ministerio Público.
Respecto del Ministerio de Transportes, el Ejecutivo indicó que se ha regularizado más del 80% de los $30.000 millones que carecían de respaldo administrativo suficiente. Esta regularización se logró mediante el pago a proveedores y la normalización de servicios de transporte.
En el Ministerio de Ciencia, el Gobierno informó que solicitó una auditoría a la Contraloría General de la República y ordenó además una auditoría interna por antecedentes vinculados al programa Becas Chile y otras transferencias.
Finalmente, el comité señaló que en el Ministerio de la Mujer surgieron nuevas alertas durante las últimas semanas. Esta situación llevó a ampliar el alcance de la investigación en desarrollo.
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