La Comisión de Constitución respaldó la iniciativa por nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, pese a las observaciones judiciales.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la idea de legislar el proyecto del Gobierno que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros que permanecen de manera irregular en Chile.
La iniciativa avanzó con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención. Sin embargo, la Corte Suprema formuló reparos al contenido del proyecto y advirtió que mantiene problemas de coherencia con el proceso penal.
El máximo tribunal también solicitó precisar las herramientas con las que contarán los jueces de garantía para autorizar ingresos a domicilios durante estos procedimientos.
Debate sobre el plazo de retención
Durante la tramitación en la Cámara Baja, los parlamentarios discutieron una posible ampliación del periodo durante el cual puede permanecer retenida una persona extranjera sujeta a una orden de expulsión.
El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet, explicó que la propuesta ha recibido una buena acogida entre los integrantes de la instancia.
“Busca que el Ejecutivo o Poder Judicial, cuando decrete una expulsión administrativa y un extranjero tenga que irse del país, pueda ser retenido por más de 5 días, que es lo que establece la ley. Hay en general buena disposición para aumentar el plazo”, señaló.
Por su parte, el diputado del PPD José Montalva planteó mantener la urgencia de las expulsiones y permitir una ampliación del plazo solamente en situaciones excepcionales.
“Mantengamos la urgencia y, para los casos excepcionales, permitamos ampliar el plazo con razones fundadas y control judicial”, afirmó.
Diferencias por prohibición de ingreso
El proyecto también ha sido revisado en comisión mixta después del rechazo de una de las enmiendas incorporadas por el Senado.
La modificación establecía una prohibición mínima de ingreso al país de cinco años para las personas expulsadas. En cambio, la legislación vigente fija ese periodo en tres años.
Las modificaciones del Senado abarcaron materias de forma y de fondo, además de contemplar la eliminación de algunas normas de la iniciativa.
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