Equipos de la Contraloría General de la República se desplegaron simultáneamente en las 16 regiones del país. El objetivo es revisar el funcionamiento de residencias que atienden a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
La Contraloría General de la República (CGR) inició un inédito operativo de fiscalización a nivel nacional con el objetivo de supervisar el funcionamiento de 16 residencias pertenecientes a la red del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez. Además, la acción contempla despliegues simultáneos en todas las regiones del país.
Según informó el organismo fiscalizador, la revisión busca verificar las condiciones en que son atendidos niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado. También se evaluará el uso de recursos públicos transferidos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) que administran parte de estos centros.
Entre los aspectos que serán analizados se encuentran las condiciones de habitabilidad de las residencias y la capacidad efectiva de atención de los recintos. Además, se revisarán los mecanismos de supervisión implementados por el Servicio Mejor Niñez y el seguimiento realizado a cada uno de los casos de menores que permanecen bajo cuidado institucional.
La fiscalización coincide con la exposición realizada por la contralora general, Dorothy Pérez, ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. En dicha instancia, la autoridad presentó antecedentes derivados del Informe Final N.º 541 de 2025, relacionado con el Programa de Reunificación Familiar. Allí se detectaron problemas de coordinación y control entre distintos organismos públicos.
Como consecuencia de esos hallazgos, la Contraloría instruyó la apertura de procesos disciplinarios en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. El propósito es esclarecer eventuales responsabilidades administrativas.
Durante su intervención, Pérez afirmó que la protección de la infancia será uno de los principales focos de trabajo de la institución durante 2026. Además, la autoridad explicó que la decisión de realizar esta fiscalización masiva responde a antecedentes recibidos por el organismo. Entre estos se cuentan más de un centenar de oficios provenientes de tribunales de justicia vinculados a menores que residen en centros especializados.
Asimismo, la Contraloría informó que también ha recibido denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y deficiencias en materia de seguridad. Por otro lado, informó sobre situaciones ocurridas al interior de algunas residencias. Todos estos antecedentes forman parte de las investigaciones en curso.
El despliegue busca generar un diagnóstico actualizado sobre el funcionamiento de estos centros y determinar si cumplen con las exigencias establecidas por la normativa vigente. Esto busca garantizar la protección integral de los menores bajo tutela del Estado.
📰 Sigue a Aurora Noticias en Google News
Seguir en Google News