Las organizaciones no gubernamentales Fundación Libera y Centro Ecocéanos han quedado en el centro de una intensa controversia tras su participación en audiencias ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en Washington. Durante las sesiones, las ONG expusieron presuntas prácticas de trabajo forzoso en sectores clave de la economía nacional, como la salmonicultura y la agricultura. La presentación coincidió con la decisión de las autoridades estadounidenses de imponer una sobretasa arancelaria del 12,5% a diversos productos de exportación chilenos, lo que encendió de inmediato la molestia en distintos sectores del país.
El paso de ambas entidades por la capital estadounidense desató un rechazo transversal proveniente de gremios productivos, parlamentarios e integrantes del Gobierno. Dirigentes de los sectores exportadores tildaron la acción de las ONG como un acto de «deslealtad» e «injusticia», señalando que acusar de forma generalizada fallas en los estándares laborales del país termina por perjudicar gravemente la reputación internacional de Chile y pone en riesgo miles de puestos de trabajo locales. Asimismo, varios legisladores descartaron la existencia sistemática de este tipo de vulneraciones y cuestionaron el impacto de estas denuncias sobre la competitividad del comercio exterior.
Ante la escalada de la polémica, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) reafirmaron que Chile cuenta con una robusta institucionalidad y legislación para garantizar los derechos laborales, asegurando que el dictamen norteamericano no refleja la realidad del país. Por su parte, las organizaciones han matizado su postura señalando que nunca solicitaron la aplicación directa de gravámenes económicos. Pese a ello, las presiones políticas y gremiales continúan aumentando, con llamados urgentes al Ejecutivo para establecer mesas de diálogo y contener los efectos de esta pugna comercial en el mercado chileno.
📰 Sigue a Aurora Noticias en Google News
Seguir en Google News