La Unión Europea avanza en la prohibición total de los “nudificadores” de IA, herramientas que generan desnudos no consentidos mediante manipulación digital. Bajo su nueva Ley de Inteligencia Artificial, el Parlamento Europeo acordó vetar estos sistemas e imponer multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global de las empresas. Esta normativa busca erradicar la creación de estas herramientas desde su origen técnico antes de su plena entrada en vigor en agosto de 2026.
La urgencia regulatoria escaló tras el escándalo de la IA Grok, que en solo 11 días de enero de este año generó 3 millones de imágenes sexualizadas, incluyendo más de 23.000 representaciones de menores. Estos contenidos son deepfakes: archivos manipulados con IA que simulan acciones reales que nunca ocurrieron. La propagación masiva de este material, que afectó a figuras públicas y ciudadanos comunes, demostró que las plataformas no aplican límites éticos por iniciativa propia.
En contraste, Chile enfrenta un vacío legal crítico, ya que el Código Penal actual solo sanciona la difusión de registros íntimos reales, ignorando las representaciones artificiales. El proyecto de ley local (Boletín 16821-19) lleva casi dos años en el Senado y, aunque clasifica niveles de riesgo, aún no menciona la práctica de “nudificación” ni establece sanciones penales específicas. Esta brecha deja a la población expuesta a una forma de violencia digital que crece exponencialmente y sin control.
Mientras la Unión Europea adopta un enfoque preventivo para frenar el abuso desde la raíz del software, en el Congreso chileno la discusión sigue abierta y sin una urgencia clara. Al no existir una tipificación para los delitos sintéticos, la protección de las víctimas queda en la incertidumbre jurídica frente al vertiginoso avance tecnológico. La disparidad normativa resalta la necesidad de modernizar las leyes locales antes de que la violencia digital se torne irreversible en el país.