El biministro Claudio Alvarado señaló que el Ejecutivo analizará posibles acciones si se establecen responsabilidades por eventuales infracciones a las normas de inversión. El Fondo E registró una caída real de 10,4% entre enero y septiembre de 2026.
El Gobierno evaluará posibles medidas ante eventuales incumplimientos normativos relacionados con las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en medio de la controversia por las pérdidas registradas por los fondos previsionales.
Así lo señaló este lunes el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien sostuvo que cualquier acción dependerá de los antecedentes que permitan establecer responsabilidades.
“Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación”, afirmó la autoridad.
Alvarado agregó que el Ejecutivo considera prioritario resguardar los ahorros previsionales y defendió las medidas adoptadas por la Superintendencia de Pensiones para reducir la exposición de las administradoras a determinadas operaciones financieras.
Pérdidas del Fondo E
La controversia se originó por el desempeño de los fondos previsionales, especialmente el Fondo E, considerado el más conservador del sistema, que acumuló una caída real de 10,4% entre enero y septiembre de 2026.
Las pérdidas se relacionan, entre otros factores, con operaciones financieras vinculadas a las tasas de interés de Estados Unidos, cuyo comportamiento afectó el valor de las posiciones mantenidas por las administradoras.
El biministro sostuvo que la Superintendencia de Pensiones instruyó a las AFP reducir su exposición a estos riesgos y afirmó que la intervención permitió limitar un perjuicio mayor.
No obstante, reconoció el impacto que la situación representa para quienes están próximos a jubilarse.
Congreso abordará la situación
Las pérdidas también han generado solicitudes de información y cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Entre las medidas anunciadas se encuentra la realización de instancias parlamentarias para solicitar explicaciones a las autoridades fiscalizadoras y a las administradoras.
En paralelo, han surgido propuestas para determinar eventuales responsabilidades y evaluar mecanismos que permitan abordar los efectos sobre los afiliados.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha anunciado una medida específica de compensación para las personas afectadas. La posibilidad de adoptar acciones adicionales quedó supeditada a la identificación de eventuales incumplimientos.
El desarrollo de la controversia estará marcado por los antecedentes que entreguen las AFP y los organismos fiscalizadores, así como por las conclusiones de las instancias de revisión que se desarrollen en el Congreso.
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