“Toma VIP” en Pucón: instalaban ruedas en viviendas para simular casas rodantes y evitar fiscalizaciones.

La Corte Suprema confirmó la demolición de construcciones irregulares emplazadas en el humedal del delta del río Trancura. 

La Corte Suprema ratificó la orden de demolición de las construcciones levantadas sin autorización en el humedal protegido del delta del río Trancura, en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía.

El sector es conocido como la “Toma VIP” del lago Villarrica y ha generado controversia por la ocupación de terrenos y las intervenciones realizadas en una zona de protección ambiental.

La «Chispeza» para evitar fiscalizaciones

Jimena Sanhueza, integrante del Movimiento Ambiental Intercultural (MAI), explicó que los propietarios contaban con autorización para instalar diez sitios destinados a casas rodantes.

Sin embargo, según su denuncia, algunos ocupantes habrían utilizado esa autorización para levantar viviendas y hacerlas pasar por estructuras móviles.

La representante ambiental detalló que las primeras construcciones eran pequeñas, pero posteriormente comenzaron a instalarles ruedas para simular que correspondían a casas rodantes y dificultar las fiscalizaciones.

Sanhueza también sostuvo que los terrenos han registrado intervenciones reiteradas, entre ellas trabajos de drenaje y extracción de áridos para rellenar sectores del humedal.

Alertan por daño ambiental y riesgo para habitantes

La integrante del MAI advirtió que las construcciones también generan preocupación por sus posibles efectos sobre el ecosistema del lago Villarrica.

En particular, cuestionó las descargas de fosas sépticas, que podrían aportar contaminantes al cuerpo de agua, cuya recuperación forma parte de las medidas ambientales vigentes.

Asimismo, señaló que la ubicación de las viviendas implica riesgos ante eventuales inundaciones y una posible erupción volcánica.

En ese contexto, recordó que la Dirección de Obras Municipales de Pucón ha calificado las construcciones como irregulares y no regularizables.

Con la resolución de la Corte Suprema, se mantiene vigente la orden de demolición de las edificaciones que incumplen la normativa en este sector protegido.

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