A partir de diciembre, comunidades y administraciones deberán modificar la forma en que manejan cámaras de seguridad, registros de acceso, datos de residentes y sistemas de reconocimiento facial. La nueva normativa eleva las exigencias de protección de datos. Además, establece responsabilidades concretas sobre quién puede acceder, por cuánto tiempo y con qué finalidad.
Compartir grabaciones de cámaras por WhatsApp, mantener registros de visitas indefinidamente o utilizar un sistema de reconocimiento facial sin una alternativa podrían convertirse en prácticas de riesgo para las comunidades. Ese es uno de los principales cambios que trae la Ley 21.719. Esta ley comenzará a regir el 1 de diciembre de este año.
“Hasta ahora, las comunidades y administraciones operaban bajo una norma con exigencias mínimas y sin un organismo fiscalizador con capacidad sancionatoria real. Con la nueva ley eso cambia de forma estructural”, explica Felipe Maturana, CTO y co-fundador de Millacero, plataforma chilena de conserjería remota para comunidades y edificios.
La nueva normativa exigirá que cada dato tenga una finalidad justificada, un plazo de conservación y controles sobre quién puede acceder a él. “Administrar correctamente significa tener una base legal para cada dato, un plazo de retención definido, control de quién accede a qué y trazabilidad de esos accesos”, señala Maturana.
El cambio tendrá especial impacto en las cámaras de seguridad. Las comunidades deberán definir cuánto tiempo conservarán las grabaciones y quiénes podrán revisarlas. Además, deberán evitar que sean utilizadas para fines distintos de aquellos para los que fueron recopiladas.
Otro punto crítico será el avance del reconocimiento facial. Al tratarse de datos biométricos, la nueva ley los considera datos sensibles. Por ello, establece mayores exigencias para su tratamiento. “Hay que ofrecer siempre una alternativa no biométrica como tarjeta, PIN o llave para quien no quiera o no pueda dar ese consentimiento”, plantea el CTO de Millacero.
Para los residentes, el cambio significa mayor control sobre su información personal. La nueva normativa les permitirá, entre otros derechos, solicitar acceso a los datos que mantiene la comunidad, pedir su rectificación o eliminación y oponerse a determinados tratamientos, según corresponda.
Para Maturana, la preparación debería comenzar con algo tan básico como saber qué información maneja actualmente cada comunidad. “El primer paso es un inventario completo de datos: qué se recolecta, con qué finalidad, dónde se almacena, quién accede y por cuánto tiempo se conserva”. A partir de ahí, agrega, las comunidades deberán revisar sus contratos con proveedores, capacitar a sus equipos e incorporar herramientas que permitan gestionar consentimientos, accesos y eliminación de información.
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