El proyecto, que ingresó al Senado con suma urgencia, enfrenta reparos de sectores de oposición y también diferencias dentro del oficialismo.
El Presidente José Antonio Kast descartó que su gobierno promueva un plebiscito para resolver el debate generado por la reforma constitucional de seguridad.
El Mandatario abordó el tema este jueves durante una actividad relacionada con la primera tronadura del embalse Zapallar, en la Región de Ñuble.
Kast sostuvo que su administración debe concentrarse en las prioridades comprometidas durante la campaña, entre ellas seguridad, economía y materias sociales.
Gobierno apuesta por trámite legislativo
El Ejecutivo ingresó esta semana al Senado una reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.
La iniciativa contempla ocho modificaciones a la Constitución y fue presentada con suma urgencia. Entre sus principales propuestas figura un nuevo estado de excepción para enfrentar situaciones de grave afectación de la seguridad pública.
El proyecto permitiría al Presidente decretar este régimen ante amenazas graves e inminentes y establecer restricciones a derechos como la libertad personal, de desplazamiento, reunión y asociación, además de facultades sobre comunicaciones y bienes durante su vigencia.
Frente a la posibilidad de someter la reforma a votación ciudadana, Kast señaló que el Gobierno no contempla impulsar esa alternativa.
El Presidente defendió que el Congreso debe resolver el proyecto mediante el proceso legislativo establecido por la institucionalidad vigente.
Diferencias dentro del oficialismo
La postura del Gobierno se conoce en medio de reparos dentro de sus propias filas.
La UDI ha cuestionado algunos aspectos de la reforma y su presidente, Guillermo Ramírez, advirtió que el partido no respaldaría el texto en su estado actual. Kast respondió que resulta prematuro anticipar que la iniciativa no tendrá los votos necesarios antes de que avance la discusión parlamentaria.
El debate también alcanza al Partido Republicano, que ha respaldado el objetivo de fortalecer las facultades del Estado frente al crimen organizado, aunque mantiene su propia posición respecto de las medidas que debería contener la reforma.
De esta manera, La Moneda deberá buscar acuerdos parlamentarios para avanzar con una iniciativa que requiere respaldo político más allá de las filas del Gobierno.
Oposición cuestiona alcance de la reforma
El expresidente Gabriel Boric y la exministra Camila Vallejo han criticado el proyecto por considerar que puede ampliar excesivamente las facultades presidenciales y afectar libertades ciudadanas.
Vallejo sostuvo este jueves que la propuesta concentra poder en el Presidente y cuestionó que la respuesta a la delincuencia implique restricciones que, a su juicio, puedan afectar derechos fundamentales.
El Gobierno, en cambio, sostiene que necesita nuevas herramientas para enfrentar amenazas asociadas al crimen organizado y el terrorismo.
La propuesta establece límites temporales para el nuevo estado de excepción y contempla la participación del Congreso en eventuales extensiones posteriores.
Kast también aborda amenazas en su contra
Durante la actividad, el Presidente fue consultado además por las amenazas que ha recibido mediante redes sociales.
La Fiscalía y Carabineros investigaron recientemente el caso de un hombre detenido en San Pedro de la Paz, acusado de publicar amenazas contra Kast y otras autoridades mientras exhibía un arma de fuego.
El Mandatario señaló que corresponde a las instituciones de seguridad determinar cuáles amenazas representan un riesgo concreto y adoptar las medidas correspondientes.
La discusión sobre la reforma continuará ahora en el Congreso, donde parlamentarios deberán analizar tanto el alcance de las nuevas facultades propuestas como sus efectos sobre las garantías constitucionales.
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