La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado iniciará el análisis de un proyecto de ley que propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en medio de crecientes preocupaciones por los efectos del uso digital en niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa fue presentada por los senadores Ximena Órdenes y Matías Walker, junto a los exparlamentarios Felipe Kast y José García Ruminot. El objetivo principal es resguardar la salud mental, la privacidad y el desarrollo integral de los menores frente al uso intensivo de plataformas digitales.
El proyecto, que se encuentra en su primer trámite legislativo, establece la prohibición de registro, acceso y uso de cuentas en redes sociales para personas menores de 16 años. Asimismo, obliga a las plataformas a eliminar cuentas existentes que no cumplan con este requisito etario.
La propuesta contempla que los proveedores de servicios digitales implementen sistemas efectivos de verificación de edad. En caso de incumplimiento, se establecen sanciones que van desde multas de entre mil y cinco mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), hasta la eventual suspensión del servicio en el país en caso de reincidencia.
La moción se sustenta en diversos estudios que evidencian el alto nivel de exposición de los menores a entornos digitales. Datos del Pew Research Center indican que cerca de la mitad de los adolescentes entre 13 y 17 años se mantienen conectados casi de forma constante. En Chile, informes recientes estiman que los jóvenes pueden pasar alrededor de cuatro horas diarias en actividades recreativas en línea.
Asimismo, investigaciones como el estudio Kids Online muestran que el entretenimiento es la principal actividad en internet entre menores, destacando el uso de plataformas como WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram y Google.
Expertos en neurociencia citados en la iniciativa advierten que los menores presentan mayor vulnerabilidad frente a estímulos digitales, debido a que su desarrollo cerebral aún no alcanza plena madurez en áreas relacionadas con el control de impulsos.
En ese contexto, los impulsores del proyecto argumentan que, si bien no existe consenso internacional sobre la edad ideal para el uso autónomo de redes sociales, el límite de 16 años se alinea con estándares de protección de datos personales que reconocen una mayor necesidad de resguardo para este grupo etario.
La discusión legislativa se da en un escenario global donde distintos países evalúan medidas similares para regular el acceso de menores a plataformas digitales, en medio del debate sobre sus efectos en el desarrollo y la salud mental.
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