El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago consideró que la libertad de los imputados representa un peligro para la sociedad. La investigación tendrá un plazo de 90 días.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez. Esto ocurrió luego de varias jornadas de formalización encabezadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia estimó acreditados los delitos imputados contra Lavín León. Entre ellos están fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, además, se suman cargos por cohecho, delito electoral y delito tributario.
El magistrado argumentó que, debido a la gravedad de las eventuales penas y la reiteración de los delitos investigados, la libertad de ambos imputados constituye un peligro para la sociedad. Por ello, decretó la cautelar más gravosa. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el eventual perjuicio fiscal alcanzaría los $104 millones. La indagatoria apunta a un presunto mecanismo destinado a desviar recursos públicos para fines personales y electorales.
La defensa del exparlamentario, en tanto, rechazó las acusaciones y sostuvo que las irregularidades corresponderían a errores administrativos y no a delitos intencionales.
Entre los antecedentes incluidos en la investigación, se menciona una deuda que Lavín León mantenía con la imprenta MMG, empresa que prestaba servicios a distintos candidatos vinculados a la UDI. De acuerdo con declaraciones recopiladas por la fiscalía, el exdiputado habría utilizado facturas rendidas ante el Congreso por supuestos gastos operacionales. Con ellas, buscó cubrir compromisos económicos derivados de campañas políticas.
La causa también incluye testimonios de trabajadores y proveedores relacionados con campañas de constituyentes y concejales. Ellos señalaron retrasos en pagos por servicios realizados durante procesos electorales de 2021.
La fiscal Constanza Encina solicitó la prisión preventiva tanto para Lavín León como para Arnaldo Domínguez. Esta petición fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado.
El caso marca un nuevo episodio judicial para el exparlamentario, quien actualmente se encuentra fuera de la UDI y sin fuero parlamentario. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes sobre la presunta utilización indebida de recursos públicos.
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